Jurisprudencia


ASOCIACION COMUNITARIA “LA MATANZA” C/ ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS, LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE Y DAÑO MORAL,

Expte. 11001630/2004, Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, Chaco, Argentina.

Sentencia de 1º Instancia: 
RESUELVO: 1) Hacer lugar a las excepciones de falta de legitimación activa, al planteo de falta de acción y excepción de prescripción opuestas por la demandada Estado Nacional, por los fundamentos expuesto precedentemente; y en consecuencia rechazar la demanda interpuesta por la Asociación Civil Comunitaria “La Matanza” contra el Estado Nacional, en los términos que anteceden. 
2) Rechazar la impugnación de la pericia histórica planteada por la demandada a fs. 405 y vta., por los fundamentos expuestos precedentemente. 
3) Tener por reconocido sobre la base de la prueba aportada y las consideraciones expuestas en estas actuaciones los hechos acaecidos en fecha 19 de julio de 1924 conocidos como la “Masacre de Napalpí”. 
4) Imponer las costas por su orden en atención a la índole de la cuestión debatida (artículo 68, segundo párrafo del C.P.C.C.N.) y de conformidad con los fundamentos expuestos en el presente resolutorio… 
Fecha de firma: 25/11/2019Alta en sistema: 26/11/2019Firmado por: ZUNILDA NIREMPERGER, JUEZ FEDERAL


ASOCIACION COMUNITARIA “LA MATANZA” C/ ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS, LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE Y DAÑO MORAL

 Expte. 11001630/2004, Cámara Federal Apelaciones de Resistencia, Chaco, Argentina.

Sentencia de 2º Instancia:
Por ello, esta Cámara de Apelaciones RESUELVE:
I.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 885 y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia de fs. 851/863 vta.II.- 
HACER LUGAR a la demanda promovida por la Asociación Comunitaria La Matanza y, en consecuencia, condenar al Estado Nacional al pago de las sumas que se determinan a continuación: a) una INDEMNIZACION directa a la ASOCIACION COMUNITARIA LA MATANZA equivalente a un mil ochocientos (1.800) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esta indemnización será abonada a razón de trescientos cincuenta (350) SMVM por año, durante cinco años y conforme la modalidad establecida en los considerandos que anteceden, fijándose el plazo de treinta (30) días desde que quede firme la presente sentencia el plazo para el primer pago anual. b) Ordenar al Estado Nacional a destinar, en los próximos diez años, la suma de pesos equivalente a diecinueve mil (19.000) SMVM en inversiones públicas en beneficio de los integrantes de la etnia Toba, a los fines de promover el desarrollo de dicho pueblo. Como mínimo deberá el Estado Nacional cumplir con las inversiones equivalentes a un mil novecientos (1.900) SMVM por año calendario, iniciándose el cumplimiento en el año calendario inmediato posterior a que quede firme la presente sentencia.
III.- IMPONER las costas de ambas instancias a la accionada vencida…
V.- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Nota: De haberse dictado el Acuerdo precedente por las Sras. Juezas de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del Reg. Just. Nac.) suscripto en forma electrónica (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 C.S.J.N.). SECRETARÍA CIVIL N°1, de septiembre de 2020. Denogens. Alcalá. Magistradas.


“FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGA c/ PEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

N° FRE 21000173/2006, Sentencia de 1º Instancia. Juzgado Federal Nº1. Formosa, Provincia de Formosa. Argentina.

Por todo lo expuesto SENTENCIO: 
1.- HACER LUGAR a la demanda promovida por la FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGÁ declarando que los hechos sucedidos en La Bomba – Las Lomitas – actual territorio de la Provincia de Formosa, el día 10 de octubre de 1947 y hechos posteriores que han sido descriptos en los considerandos, constituyen crímenes de lesa humanidad violatorios del Estatuto de Roma, y generan responsabilidad civil por los daños causados, los cuales deben ser reparados por el ESTADO NACIONAL ARGENTINO, en los términos de la presente sentencia.- 
2.- Establecer en beneficio de la Etnia Pilagá, en concepto de reparación de los daños ocasionados por los hechos ilícitos que se han tenido por probados, las siguientes reparaciones: 
Reparaciones no patrimoniales 
A. Establecer que la presente sentencia constituye por sí misma un medio reparatorio, ordenando su publicación en la página web oficial del Ministerio de Justicia de la Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y mantener la misma por el plazo mínimo de tres (3) años. 
B. Ordenar la publicación de la Sentencia en el Boletín Oficial de la Nación. Dicha publicación será integral en la página web; pudiendo en la versión en soporte papel publicarse un resumen de los considerandos y las reparaciones ordenadas.- 
C. Ordenar al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación incluir al día “10 de Octubre” en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”, debiendo el Ministerio indicado, en coordinación con el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGNES (INAI) y la FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGÁ, redactar, imprimir y distribuir un material impreso de difusión para uso educativo, tomando como base los hechos que se tienen por probados en esta Sentencia, a los fines de su utilización en los establecimientos educativos del País para sensibilizar a la población sobre los hechos del caso.- 
D. Ordenar al Estado Nacional realizar en el lugar donde sucedieron los hechos de “La Bomba” un monumento conmemorativo de la Masacre, el cual tendrá el emplazamiento y características que sea determinado por la FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGA en acuerdo con la Municipalidad de la Ciudad de Las Lomitas – Provincia de Formosa, y deberá́ ser solventados con fondos del Tesoro Nacional. – 
E. Ordenar al Estado Nacional el otorgamiento de las siguientes Becas Estudiantiles a) un total de doce (12) becas equivalentes cada una de ellas a un salario mínimo vital y móvil (SMVM), durante el plazo mínimo de diez (10) años, para la realización de estudios universitarios y terciarios para jóvenes integrantes de la etnia Pilagá; b) un total de treinta (30) becas por importe cada de ellas del cincuenta por ciento (50 %) del salario mínimo vital y móvil (SMVM) durante el plazo mínimo de doce (12) años, para jóvenes escolarizados de la etnia Pilagá. Las mismas serán otorgadas en la forma establecida en el considerando respectivo y deberán llevar el nombre “Becas estudiantiles reparatorias de la Masacre de La Bomba”, u otro conmemorativo que en el futuro indique la FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGÁ. Fíjese el plazo de un año desde que quede firme la presente sentencia para iniciar el cumplimiento de la presente reparación.- 
Reparaciones Patrimoniales 
a) Condenar al Estado Nacional pagar una INDEMNIZACION directa a la FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGÁ reconocida por Resolución INAI Nº 10 del 20/12/2011. Fijo esta indemnización en la suma de pesos equivalente a setecientos (720) Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Esta indemnización será abonada a razón de setenta y dos (72) SMVM por año en un solo pago, fijándose el plazo de treinta (30) días desde que quede firme la presente sentencia el plazo para el primer pago anual.- 
b) Ordenar al Estado Nacional a destinar, en los próximos diez años, la suma de pesos equivalente a seis mil (6.000) SMV en inversiones públicas en beneficio de los integrantes de la etnia Pilagá, a los fines de promover el desarrollo de dicho pueblo. Las inversiones a realizar por el Estado serán a requerimiento e indicación de la “Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá”, y deberá cumplirse en forma progresiva. Como mínimo deberá el Estado Nacional cumplir con las inversiones equivalentes a seiscientos (600) SMVM por año calendario, iniciándose el cumplimiento en el año calendario inmediato posterior a que quede firme la presente sentencia. – 
3.- Firme que quede esta Sentencia, líbrese oficio a Poder Ejecutivo Nacional, a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, al Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa y la H. Legislatura de la Provincia de Formosa, con copia íntegra de la presente Sentencia, para que dichos órganos evalúen, en el marco de sus respectivas competencias constitucionales, la aplicación de otras medidas reparatorias de las graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la etnia Pilagá que, complementariamente a las ordenadas en esta sentencia, constituyan el Programa de Reparaciones derivado de los daños causados por los hechos que se tienen por probados.- 
4.- Costas a la demandada perdidosa…
DR.FERNANDO CARBAJAL. JUEZ FEDERAL SUBROGANTE


“FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGA c/ PEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”;

N° FRE 21000173/2006, Sentencia de 2º Instancia. Cámara Federal de Apelaciones. Resistencia. Provincia del Chaco. Argentina

Por ello, esta Cámara de Apelaciones RESUELVE:
I.- CONFIRMAR en lo sustancial la sentencia de fs. 698/737 vta.
II.- IMPONER las costas de ambas instancias al Estado Nacional…

Fecha de firma: 26/02/2020Alta en sistema: 21/08/2020Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, SECRETARIA DE CAMARA Firmado por: MARIA DELFINA DENOGENS, JUEZA DE CAMARA. Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZ DE CAMARA.NOTA: De haberse dictado el Acuerdo precedente por las Sras. Juezas de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del Reg. Jus. Nac.). SECRETARIA CIVIL N° 1, 26 de febrero de dos mil veinte.- Fecha de firma: 26/02/2020Alta en sistema: 21/08/2020Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, SECRETARIA DE CAMARA. 


CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE

SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

Jueces.Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente; Humberto Antonio Sierra Porto,Juez;Elizabeth Odio Benito,Jueza;Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y L. Patricio Pazmiño Freire, Juez; presente, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario. 
VIII.
PUNTOS RESOLUTIVOS. 
1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 23 a 31 de esta Sentencia. 
DECLARA, 
Por unanimidad, que: 
2. El Estado es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de María Laura Órdenes Guerra, Ariel Luis Antonio Alcayaga Órdenes, Marta Elizabeth Alcayaga Órdenes, Augusto Oscar Amador Alcayaga Órdenes, Gloria Laura Astris Alcayaga Órdenes y María Laura Elena Alcayaga Órdenes; de Lucía Morales Compagnon, Jorge Roberto Osorio Morales, Carolina Andrea Osorio Morales, Lucía Odette Osorio Morales y María Teresa Osorio Morales; de Alina María Barraza Codoceo, Eduardo Patricio Cortés Barraza, Marcia Alejandra Cortés Barraza, Patricia Auristela Cortés Barraza, Nora Isabel Cortés Barraza y Hernán Alejandro Cortés Barraza; de Mario Melo Acuña, Ilia María Prádenas Pérez y Carlos Gustavo Melo Prádenas; de Pamela Adriana Vivando Medina; de Elena Alejandrina Gómez Vargas y Katia Ximena Espejo Gómez; y de Magdalena Mercedes Navarrete Faraldo, Jorge Alberto Reyes Navarrete, Patricio Hernán Reyes Navarrete y Víctor Eduardo Reyes Navarrete, en los términos de los párrafos 76 a 102 de esta Sentencia. 
Y DISPONE, Por unanimidad, que: 
3.Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. 
4.El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 124 y 140 de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias, así como por el reintegro de gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 141 a 147 del presente Fallo. 
5. El Estado debe realizar las publicaciones que se indican en el párrafo 125 del presente Fallo, en los términos de ese mismo párrafo. 
6. El Estado debe rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la presente Sentencia, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma, y además debe presentar un informe, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma, en el cual indique –para cada una de las medidas de reparación ordenadas– cuáles son los órganos, instituciones o autoridades estatales encargadas o responsables de implementarlas, que incluya un cronograma de trabajo para su cumplimiento total. 
7. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.